La coherencia como virtud

Como es lógico, la coherencia goza de una fuerza irresistible. En cualquier conversación, si uno de los interlocutores es pillado en un “renuncio” ─forma coloquial de denominar a la incoherencia o contradicción─ se entiende que esa persona no posee argumentos de peso y que se limita a soltar, en el mejor de los casos, amables tonterías. Efectivamente, eso es lo que pensaríamos si alguien nos dijese «dos y dos son cuatro», e inmediatamente después afirmara, como el INGSOC de 1984, «dos y dos son cinco». La coherencia se debe predicar de todo discurso elaborado, cómo no, racionalmente; lo contrario, lo incoherente, es utilizar la razón de un modo torticero, erróneo, para llegar a conclusiones imposibles o difíciles de compartir. Por ello la coherencia está ligada, obviamente, a la lógica (la «cochina lógica», que diría Unamuno), que se centra en la inferencia, esto es, en el proceso que nos permite deducir, mediante el uso de la razón, una conclusión a partir de unas premisas o unos enunciados. En este sentido, la coherencia es una actitud lógica que conecta distintas cosas, distintos argumentos si es el caso, y que exige de uno ser consecuente, como cuando alguien dice, tras tomar una decisión complicada y arriesgada, «lo hice por coherencia con mis principios». Aquí reside su carácter de virtud, en el sentido de hábito, de costumbre, que da fuerza a aquello que acompaña (nuestros argumentos, por ejemplo) y, como decía Aristóteles, la virtud «no sólo hace que esté en buena disposición aquello de lo que es virtud, sino que también lleva bien a cumplimiento su actividad»[i].

OpenClipartVectors. Cubo de Rubik. Dominio público.

Dicho esto, hay que precisar que, entendida así, la coherencia es una virtud formal que nada nos dice sobre los argumentos defendidos o los enunciados presentados, sobre su contenido concreto; se ciñe sobre el modo, la forma, en que los argumentos han sido construidos o deducidos. Esto es inobjetable e inatacable, y también importante, como se dijo antes. Sin embargo, ciertos usos, o más bien “abusos”, de lo que usualmente, de modo coloquial, se entiende o sobreentiende por coherencia sí que pueden ser objeto de crítica. Y, consecuentemente, al abordar estos “abusos” habrá que tener en cuenta, además de la forma, el contenido. Sin ánimo de ser exhaustivo voy a exponer unos pocos casos de esta coherencia mal entendida.

Uno de estos usos coloquiales de lo que se entiende por coherencia es el que obliga a toda persona a mantenerse firme, inflexible, contra viento y marea, en un núcleo de creencias o ideas durante toda su vida. Es la “ultracoherencia”. Con ello se expresa la convicción de que “traicionar” alguna de las ideas de ese núcleo inconsútil e impermeable es, además de una muestra de incongruencia o incoherencia, la mayor demostración de falta de personalidad e integridad en la que se puede caer, una derrota humillante. Prácticamente es una condena a los infiernos. Es como dejar de existir. Nuestras ideas, según esta postura, son como nuestro código genético: si las cambio o transformo, también me cambio yo y entonces ya no sé quién soy o qué soy; si me aparto de sus dictados, de mis opiniones, me aparto de mi “esencia”, de mi yo. De forma despectiva, a quien hace esto se le puede llamar “chaquetero”, sobre todo si el cambio es de posición política. En respuesta a esto hay que decir que todo cambio de parecer, toda variación en nuestros puntos de vista, en nuestras opiniones y creencias, no tiene por qué ser visto como un cambio oportuno, por conveniencia personal, o como una muestra de indefinición, de confusión o de falta de personalidad. Antes al contrario: bien puede ser efecto de una reflexión profunda y personal o de que nos hayan persuadido de que hay una opinión mejor y más razonada. No hay una norma o ley que establezca indefectiblemente que el cambio de parecer siempre se tenga que deber a motivos inconfesables, o como mucho de mera oportunidad. Sobre esto Fernando Savater cita en sus conferencias el ejemplo de la persona que nos dice, con un timbre de gloria y de forma pomposa, que «yo sigo pensando lo mismo que cuando tenía dieciocho años» ─esto es el orgullo de ser coherente─, a lo que nuestro filósofo y escritor suele contestar, con su buen humor, «pues eso es señal de que ni a los dieciocho años ni ahora has pensado en nada». Otra anécdota que suele comentar Savater, y que sirve para mostrar el absurdo de esta postura “ultracoherente”, es la que le pasó a John Maynard Keynes, el acreditado economista, en una entrevista, cuando un periodista le reprochó a Keynes que sostenía una posición diferente a la que había mantenido dos años antes en un libro. Ni corto ni perezoso, el economista británico contestó que así era, que había cambiado de parecer, porque «me he dado cuenta de que estaba equivocado y cuando me doy cuenta de que estoy equivocado, cambio de formar de pensar, ¿usted qué suele hacer en esos casos?»[ii]. El ideal ultracoherente nos exige persistir en el error o en la falsa creencia, aun cuando argumentos mejores nos indiquen lo contrario. En esto la ultracoherencia se une a la poca disposición que se suele tener para ser persuadidos, en la calamitosa idea de que nuestras opiniones forman parte de nuestro cuerpo, como los brazos y las piernas, y por eso nadie puede osar cuestionarlas. Es como pretender arrancarnos el corazón. Frente a esto, Savater afirma que «Evidentemente el cambiar de opinión, el ser flexible en el razonamiento, no sólo no es humillante sino que es el mayor galardón de los seres racionales». En efecto, cambiar de opinión ante posturas más y mejor argumentadas, o a las que se llega por reflexión propia, no es una vergüenza; lo vergonzoso es insistir, persistir, en ideas que sabemos que son erróneas, sólo por mantener a toda costa la insobornable coherencia con lo que siempre hemos pensado.

Otro caso es el de las ideologías que son coherentes desde sus postulados (en ello cifran sus seguidores su fuerza teórica), pero que tienen consecuencias desastrosas, sobre todo en la práctica. Ejemplo de ello es el animalismo, la ideología animalista. Partiendo de la premisa, apuntada por Peter Singer en su famoso libro Liberación animal, de que todos los seres sintientes son, por el hecho de serlo, seres o sujetos éticos, el animalismo llega a la conclusión de que hay que establecer una nueva igualdad (en derechos) entre todos los seres sintientes; esto supone, en la práctica, que un ser humano y un perro, por ejemplo, tienen los mismos derechos y que en abstracto no puede prevalecer el derecho de uno frente al otro (esto sería especieismo o especismo, es decir, discriminación entre especies). Su manera de pensar es coherente y lógica, que en un silogismo se podría enunciar así: «todos los animales sintientes son seres éticos, con posibilidad de tener derechos; el caballo es un ser sintiente; luego el caballo es un ser ético y con posibilidad de tener derechos». Está claro que el argumento es lógico y coherente, porque el caballo es un ser sintiente, y si la premisa de la que se parte (los seres sintientes son seres éticos) es verdadera, la conclusión sólo puede ser que el caballo es un ser ético. Lo que no está tan claro, ni mucho menos, es que la premisa de la que se parte sea efectivamente verdadera, puesto que uno se puede cuestionar si la capacidad de sentir es suficiente para poder ser un sujeto ético. En otra entrada de este blog ya argumenté en contra de esta premisa animalista, que no quiere asumir o reconocer lo que es la ética, esto es, que la ética es lo que marca la frontera, la separación, entre el animal humano y los demás animales y no su continuidad o comunión, al ser una reflexión racional y razonable sobre la libertad. Esto, naturalmente, es dejado de lado o negado por los animalistas. Pero es que, además, el animalismo tiene unas consecuencias desastrosas, unos excesos ciertamente peligrosos. Uno de ellos es el prohibicionismo (de los toros, la caza, la pesca, etc), que llevado al extremo supondría la prohibición de poder alimentarse de animales, al ser seres sintientes y por tanto como nosotros los animales humanos. ¿Qué ocurriría con los vegetales si el prohibicionismo animalista continúa su senda ascendente, lógica y coherentemente ascendente? ¿No sienten de alguna manera? ¿No son seres sintientes? Por ahora no se ha llegado a tanto. En esto siguen siendo especistas. No obstante, algunos defensores del animalismo sí son capaces de llegar lejos, como el jurista Gary Francione, que en su afán de llevar hasta el límite la lógica de la “liberación animal” (que los animales no sean propiedad de nadie, como los animales humanos), propone la castración y esterilización de todos los animales domésticos. Como sostiene el filósofo Francis Wolff, esa postura es «absolutamente coherente», en el sentido de que se deduce del principio de la “liberación animal”, lo que no quita que sea también un absoluto y rotundo disparate. Y más nefasta es, todavía, la vertiente antihumanista del animalismo: la de los que jalean o se alegran (o muestran un crudo desinterés) cuando una persona muere o es gravemente herida en un espectáculo taurino, como los encierros o las corridas. Lamentablemente, hemos visto en los últimos días horrendas muestras de este antihumanismo o barbarismo a secas. Es preocupante, cuanto menos, que para defender a los animales, para velar por su bienestar, haya personas (personas humanas, claro, no hay otras) que se conviertan en totalmente insensibles e indiferentes ante la desgracia y el sufrimiento de otro ser humano. 

Una última cuestión en la que la coherencia puede provocar resultados contraproducentes tiene que ver con la vida de los políticos. Aclaro que me refiero a las personas que ostentan o ejercen un cargo público o de representación política, aunque no se me pasa por alto que en una democracia políticos somos todos, sin excusas ni grados. Pues bien, este ejemplo de coherencia lo que nos dice o pide es que los políticos, debido a su imagen pública y su vida, digamos, pública, no tienen vida privada o, en todo caso, de tenerla ésta debe ser totalmente coherente, en el sentido de supeditada, con su imagen pública. Su vida privada no puede “traicionar”, contradecir, su vida pública, porque entonces esa persona podría ser tachada de incoherente y, lo que es peor, de mal político; es decir, esta persona debe comulgar con su ideario político a rajatabla y su conducta (pública y privada) no puede desviarse un ápice del mismo. Esta opinión está muy extendida: los políticos deben predicar con el ejemplo, se insiste machaconamente. Sin embargo, contra esta opinión generalizada se pueden esgrimir una serie de argumentos, que recoge Francisco Laporta en su obra Entre el derecho y la moral cuando analiza las relaciones entre ética y política, a saber:

a) Los programas o los idearios políticos no tienen por qué incluir entre sus medidas modelos de vida privada. Como ha escrito Francisco Laporta «los programas o idearios políticos se conciben en último término para ser aplicados mediante normas jurídicas, es decir, mediante normas acompañadas de coacción y carece totalmente de fundamento ético imponer coactivamente ningún modelo moral de vida privada»[iii]. Esto puede generar, sin duda, un paternalismo por parte del político, al entender que su modo de vida privada es el mejor y más recomendable, debiendo los demás estilos de vida ser postergados o poco a poco eliminados. Nada más lejos de la realidad: si algún objetivo tiene la política, es precisamente el de organizar las instituciones y la normas para que cada ciudadano pueda, dentro del respeto imprescindible al ordenamiento jurídico, elegir su propio modo de vida, sin imposiciones paternalistas ni escapismos irresponsables. Se debe procurar con la acción política que los ciudadanos sean responsables, que cumplan con sus obligaciones, no que sean “santos”. Concluye Laporta manteniendo que «los modelos morales de vida privada deben ser excluidos de los idearios y programas políticos. Nada tienen que ver con ellos»[iv].

b) La vida privada que lleve el político no va a determinar irremediablemente y por siempre su actividad política. Siguiendo a Laporta: «el tipo de vida privada que uno lleva y el tipo de acción política que desarrolla no parecen tener ninguna conexión lógica y necesaria»[v]; esto es, de lo que el político hace en su vida privada no va a deducirse, a inferirse lógicamente (coherentemente), el tipo de medidas, de reformas, de proyectos o de normas que va a adoptar como cargo público o político. Desde luego, el político es la misma persona tanto en su casa como en el despacho oficial, pero los programas políticos no se diseñan en la soledad de lo privado, en la reflexión personal, sino en discusión y deliberación con otras personas, y por supuesto su ejecución o puesta en práctica requiere la colaboración de otros y la presencia de instituciones y de normas jurídicas; en pocas palabras, el programa político pertenece a la esfera pública[vi]. De ahí que Francisco Laporta afirme que, por ejemplo, «se puede ser un excelente político conservador y llevar una vida privada libertina»[vii], sin que la tan temida incoherencia haga que esa persona sea un mal político; podrá ser, a lo sumo, considerado como un inconsecuente en el conjunto de su vida, pero no como un político que incumpla sus deberes y obligaciones ─esto es, un mal político─, que es lo políticamente relevante. E, indudablemente, el político debe predicar con el ejemplo, pero dando ejemplo en su acción política (sus funciones de representación o sus responsabilidades políticas); en lo demás (léase, vida privada), debe cumplir las normas como todo ciudadano de a pie, corriente y moliente, sin que su estilo de vida pueda servir como argumento para enjuiciar su actividad política, lo que, en mi opinión acertadamente, ha sido considerado por Laporta como una práctica antidemocrática y manipuladora[viii].

En resumen, es innegable que hay que ser coherente a la hora de construir nuestros argumentos y nuestras opiniones, sobre todo con vistas a su confrontación con otros puntos de vista; es lo que se deriva de ser seres racionales y razonables que buscan lo mejor y más conveniente. Otra cosa, como se ha visto, es adónde nos pueden llevar ciertos malentendidos sobre lo que es la coherencia: a la cerrazón de no querer ser persuadido bajo ninguna circunstancia, haciendo una defensa numantina de nuestras opiniones; a defender ideologías o posturas con consecuencias nefastas o simplemente ridículas a todas luces; a una confusión que nos niegue la posibilidad de discutir competentemente sobre lo que más nos afecta e interesa. Esperemos que estos malos usos o malentendidos, tan habituales ahora, no sean la norma predominante en un futuro. Por lo menos he intentado reflexionar sobre ello en esta entrada, para animar a pensar y, sobre todo, a repensar lo pensado.

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[i] Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II, 6, 1106a, Alianza Editorial, Madrid, 2001, introducción, traducción y notas de José Luis Calvo Martínez.

[ii] Entrevista del Seminario Voces, 12 de noviembre de 2012. http://www.voces.com.uy/entrevistas-1/fernandosavater%E2%80%9Ccambiardeopinionnoeshumillanteeselmayorgalardondelosseresracionales%E2%80%9D

[iii] Francisco Laporta, Entre el derecho y la moral, Fontamara, México, 1993, citado página 128.

[iv] Idem, citado páginas 128-129.

[v]Idem, citado página 129. Cursiva del autor. No obstante, otros autores, como Eusebio Fernández, sostienen que un político que desarrolle su vida privada conforme a ciertas virtudes (prudencia, veracidad, etc) estará en mejores condiciones para ejercer una vida pública honrada. Sin pretender enmendar al profesor Fernández, esto no invalida lo defendido por Laporta, puesto que estar en mejores condiciones o en mejor disposición no equivale, sin más, a que de la vida privada de una persona se tenga que extraer, necesariamente, forzosamente, como será la actuación política de esa misma persona. No se prueba la conexión necesaria, lógica, que niega Francisco Laporta.

[vi] «El proceso democrático versa sobre programas de acción pública ajenos al ámbito íntimo de los políticos», Francisco Laporta, Entre el derecho y la moral, citado página 128.

[vii] Idem, citado página 129.

[viii] «Aquí se refleja limpiamente la actitud conservadora y antidemocrática del necio carroñero que saca a colación la vida privada de los políticos pretendiendo con ello alterar de algún modo el voto del electorado», Entre el derecho y la moral, citado página 128.

El populismo que tenemos, el populismo que nos viene (III): populismo en España

Análisis del populismo en España.

Por lo que se refiere a nuestro país, en estos días inciertos, la extensión (todavía mayor) del populismo negativo o descalificativo se debe a la combinación de dos factores nada nuevos:

A) La manera de hacer política. Tras un extenso periodo de gobierno del llamado bipartidismo inmovilista (PP-PSOE), España arrostra una serie de problemas verdaderamente graves. Enumerarlos todos sería una tarea ímproba, agotadora, pero es difícil resistirse a hacer, por lo menos, una breve síntesis de los más acuciantes:

1. Elevada tasa de paro (23,4 %). Segunda peor de la UE. Las sucesivas reformas laborales del bipartidismo inmovilista han fomentado, sobre todo, un empleo precario y de mala calidad (con pocos derechos), lo que se ha bautizado como «modelo chino». Todo ello, además, aderezado con una economía lastrada por el «capitalismo de amiguetes», en acertada expresión de Martínez Gorriarán[1], en la que las pymes, el 99,88 % de las empresas en España[2], son trituradas y sobreviven como pueden. En este contexto desfavorable, ser emprendedor es sencillamente ser un héroe.

2. Corrupción institucionalizada, con múltiples y escandalosos casos, que afectan al bipartidismo y adláteres: Gürtel, ERES, Bankia, Preferentes, Bárcenas, Púnica, Palma Arena, Nóos, Palau, cursos de formación en Andalucía y Madrid, facturas falsas de UGT, etc. Resulta grotesco, cuando menos, que desde el Gobierno, al referirse a este estado de corrupción, se hable de «conductas irregulares». En este sentido, la maniobra orwelliana de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no hablar de «imputados» por corrupción, sino de «investigados», es de manual: si desaparece la palabra, ya no habrá imputados por corrupción porque no se podrá pensar en la corrupción; y, de paso, no habrá corrupción. Lo dicho, grotesco.

Openclips. Cabildeo. Dominio público.

  

3. Deuda pública que alcanza casi el 100 % del PIB (en los últimos tres años, con una subida de 300.000 millones de euros), especialmente alarmante en municipios como Madrid y en algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Valencia, Andalucía o Castilla-La Mancha. Esta última ha terminado 2014 con una deuda de 12.858 millones de euros, lo que equivale al 33,50 % de su PIB. Este aumento de la deuda contrasta con una época dominada por la «austeridad», con recortes en sanidad y educación.

4. Fraude fiscal galopante. Según el sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, el fraude fiscal ascendió en España al 25,6 % del PIB en 2013; o, lo que es lo mismo, 253.000 millones de euros se evadieron a Hacienda (noticia en Expansión). A esto debemos sumar una fiscalidad que se ceba especialmente con las rentas del trabajo y en las llamadas clases medias, y que, en el caso del IVA, tiene un fuerte componente regresivo. Y mejor no hablar de amnistías fiscales.

5. Aumento de la desigualdad y la pobreza. Derivado de los puntos anteriores. En este apartado, la situación en España es dramática, con situaciones como: la llamada «pobreza energética» (personas que tienen que decidir entre comer o encender la calefacción); trabajadores que, ya no es que lleguen a fin de mes, sino que ni siquiera salen del umbral de la pobreza; mayor desigualdad de salarios entre hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo; personas que tienen que acudir a comedores sociales o asociaciones de beneficencia para comer, en particular niños, etc.

El populismo que tenemos, el populismo que nos viene (II): ideas del populismo

En definitiva, y aunque parezca una perogrullada, lo más importante a la hora de abordar el populismo es qué se entiende por pueblo (el primer rasgo expuesto), o, más exactamente, qué entienden los populistas por pueblo. Desde luego, el pueblo es una palabra ambigua y confusa, de difícil contorno. Fácilmente se puede caer en la pedantería y en la mitología (y en la total falsedad) a la hora de exponer lo que es o lo que se entiende por pueblo. Sin embargo, para el populista el asunto es mucho más sencillo: el pueblo es juez supremo, gran legislador, magistrado máximo y sumo sacerdote. Todo a un tiempo. Es la suma de todas las virtudes, habidas y por haber, a pesar de que a veces se le pueda «tomar el pelo»[1]. Todo el poder, toda la legitimidad, toda la justicia, toda la soberanía, deriva del pueblo; y toda medida política, social y personal, todo esfuerzo, individual o colectivo, debe hacerse por el pueblo. Todo existe por el pueblo o a través del pueblo, y todo lo que debe hacerse debe revertir a éste único sujeto legítimo. Aquí reside el busilis del asunto: para el populista el pueblo es un sujeto corpóreo, un ser vivo, como las personas de carne y hueso, tan real como éstas, o más. No es un cuento, ni una fábula, ni una leyenda; es un ente subjetivo que goza de una existencia plena, una inteligencia propia y una voluntad original, que solo el populista conoce. No se trata de «algo» sino de «alguien». Y no es cualquier «alguien»: aludir al pueblo es como aludir a una persona de gran prestigio (persona semidivina o cuasidivina) de la que todos hemos oído hablar, aunque no hayamos visto nunca. Esta «personificación» del pueblo ha llevado a autores, como Fernando Savater, a señalar con acierto la similitud que se puede establecer entre la noción de pueblo y la idea de Dios[2].

Hans. Plaza de la Catedral. Dominio público.

Dos ideas llaman poderosamente la atención, a mi juicio, de toda esta pintura del pueblo: la legitimidad y la soberanía. La legitimidad es una cuestión de valor, vinculada ineludiblemente a la justicia. Si un Estado, un gobierno, una institución, supera el test de los criterios de justicia asociados al concepto de legitimidad (por ejemplo, seguridad jurídica, democracia, derechos humanos), entonces es justo, por parte de los ciudadanos, obedecer y asumir sus normas; estaríamos ante un Estado, un gobierno o una institución legítima. En este sentido, el máximo representante de la justicia en la tierra, para el populista, es el pueblo. Obedecer lo que dice el pueblo es cumplir con la mayor justicia terrenal posible. Es la única fuente de poder y, por tanto, de legitimidad. En consecuencia, todo aquello que contradiga la voluntad del pueblo, ya se trate de constituciones, leyes, reglamentos, sentencias, órdenes policiales, tratados y acuerdos internacionales, compromisos de todo tipo, tradiciones, o lo que sea, carecerá de legitimidad, será algo totalmente injusto y podrá ser desobedecido o derogado sin ningún problema. Por eso el populista (como el pueblo) no se encuentra atado a ninguna norma que no sea lo que el pueblo quiere, y no duda en preconizar futuras reformas constitucionales, legislativas y de política interior y exterior, que pasarán a cumplir a rajatabla la voluntad del pueblo, obedeciendo lo que, paradójicamente, no había más remedio que obedecer.

El populismo que tenemos, el populismo que nos viene (I): rasgos del populismo

Pese a no contar con una definición «canónica» o académica, el populismo ha sido definido, a grandes rasgos, como la democracia de los ignorantes[1]. Sin duda, este fenómeno del populismo, no tan nuevo como se piensa, puede ser acertadamente descrito así en las democracias «occidentales» ─o, como diría Gustavo Bueno, de «mercado pletórico»─, entre las que se incluirían Europa occidental y EEUU; no se puede negar que este tipo de movimiento suele desarrollarse preferentemente en Estados políticamente formados por instituciones de democracia representativa y de división de poderes (parlamentos, cortes, etc) en franca crisis de legitimidad y credibilidad, en primer lugar, a las que suele acompañar, por parte de los ciudadanos, una insuficiente o nula educación en política y nociones sobre ciudadanía, en segundo e imprescindible lugar. Con todo, no hay que olvidar que históricamente otro tipo de regímenes políticos de imposible pedigrí democrático ─más bien de una marcada connotación tiránica según la clasificación aristotélica─ también pueden ser calificados de «populistas»[2].

El profesor Gustavo Bueno ha establecido una distinción entre dos tipos de populismo: el «populismo negativo o descalificativo» y el «populismo positivo o calificativo»[3]. El primer tipo es con el que se suele designar en las democracias fundamentalmente representativas, como la que hay en España, a movimientos o partidos políticos que directamente quieren «saltarse» o «pasar» de las instituciones y normas jurídicas constitucional y legalmente establecidas, del ordenamiento jurídico vigente, por no ser lo suficientemente representativas y, en suma, democráticas; este sentido es eminentemente denigrante o peyorativo. El otro tipo de populismo, el positivo o calificativo, tendría más que ver con la descripción o dibujo estricto de un ordenamiento jurídico-político, o de un procedimiento político, que no entre en ningún tipo de evaluación o valoración sobre el objeto descrito; es un sentido axiológicamente neutro, sin carga valorativa sobre si es bueno o malo.

efes. Humanos. Dominio Público.

Obviamente, el tipo de populismo al que se va a hacer referencia en este trabajo es al negativo o descalificativo ─o axiológico o despectivo─, que es el que, lamentablemente, amenaza con extenderse, todavía más, en España de forma fulminante. El historiador José Álvarez Junco, en su artículo Virtudes y peligros del populismo[4], ha destacado los siguientes rasgos de este populismo:

1) Apelación constante a un «pueblo» cuasidivino o semidivino que es, por definición y sin necesidad de análisis previos, sabio, altruista, generoso, solidario y bondadoso; en palabras de Álvarez Junco «el pueblo es desinteresado, honrado, inocente y está dotado de un instinto político infalible; mucho mejor nos iría si le dejáramos actuar, o al menos le escucháramos»[5]. A este pueblo se alude con no muy rebuscadas abstracciones como «la gente» o «los patriotas». Frente al pueblo bueno o mitológico se situarían los villanos, los malvados, los culpables de todos los males; esto es, el «antipueblo». Personajes deleznables que funcionan como chivo expiatorio, como los banqueros, los empresarios, los sindicalistas, los políticos o los jueces, por poner unos ejemplos, a los que también se engloba en palabras llamativas como «casta» u «oligarquía». Interesada dicotomía que simplifica hasta el insulto la realidad política y social de cualquier sociedad mínimamente desarrollada.

2) Vaguedad e imprecisión de sus programas políticos o propuestas. Si bien los populismos, en un primer momento, suelen tener propuestas de una base ideológica clara y precisa, dirigidas a grupos notorios aunque imprecisos («el proletariado», «los obreros», «la gente de bien») es notorio que, cuando sus proclamas van calando en más sectores de la sociedad, éstos suelen presentar sus «remedios» como cosas de «sentido común», que no son «ni de izquierdas ni de derechas», sino para todo el mundo, para toda «la gente». Como dice Álvarez Junco, de este modo los populistas juegan a «una vaguedad que les permite actuar como revolucionarios o como realistas según requieran las circunstancias», concluyendo que «para sus seguidores, lo que importa es que su acción se verá guiada por unos principios políticos y morales intachables, anclados en el interés popular»[6]. De ahí que cualquier medida, cualquier política, por muy contradictorias o irreconciliables que sean a posteriori todas entre sí, quepan en sus programas electorales y, si llegan al poder, en el ejercicio del gobierno[7], normalmente con nefastas consecuencias. Se ha dicho que el populismo es «un estilo de gobernar más que una ideología política»[8].

3) Manejo de una oratoria efectiva y sencilla, sin grandes alharacas y frases ostentosas, que conecta a la perfección con los sentimientos de frustración y revancha de sectores de la ciudadanía hastiados de la ausencia de porvenir de los gobiernos ejercientes. Son frecuentes en sus discursos los desafíos a las elites políticas y empresariales, o a cualquier elite, a las que se amenaza con quitar sus prebendas y privilegios en favor del ultrajado y sufriente pueblo, en un simpar ajuste de cuentas. La finalidad, como apunta Álvarez Junco, salta a la vista: «no se trata de hacer pensar a sus oyentes sino de movilizarlos, de que entren en la arena política grupos hasta hoy indiferentes o marginados»[9]. Se mueve a la venganza, a «tomarse la justicia por su mano», en lugar de dar razones para cambiar efectivamente las políticas nefastas que han arruinado a los que más sufren las diversas crisis; esto es, para la participación democrática y pacífica,  y para las propuestas sensatas y realistas. Acción sin deliberación ni reflexión.

4) Presencia de un líder carismático, como ocurriera en el fascismo y el nazismo. Un caudillo, un mesías, plenamente identificado con el pueblo, o, lo que es lo mismo, con sus carencias, demandas e intereses[10]; una persona «normal» que habla con las expresiones del pueblo, que acude a los bares a tomar cañas y ver el futbol, que ha hecho botellón, que ha sufrido el paro, que paga su hipoteca, etc, etc. Alguien a quien los desfavorecidos puedan considerar «uno de los nuestros», alguien cercano que respira su aire de frustración y hastío, alguien que viene de abajo[11]. Ahí se aposenta su carisma: es uno más. No es de la élite, de la «casta», de los explotadores. Pertenece al sujeto histórico que reúne toda la gloria, todo el poder, pero que siempre ha sido injustamente tratado, olvidado y desposeído: el pueblo. Y, siendo uno más, uno cualquiera (pero del pueblo), tiene el valor de enfrentarse a los poderosos, de disputarles el dominio y la influencia. Si resulta elegido el líder carismático, el poder volverá a su legítimo y exclusivo dueño, en un acto de justicia «histórica».

5) Por último y, en mi opinión, más importante: el populismo medra en países azotados por largas y profundas crisis, cuyas constantes son: por un lado, crisis política de sus instituciones de gobierno, de sus sistemas políticos, asolados por la corrupción, el clientelismo, una ilusoria separación de poderes y un mayor distanciamiento e incomunicación entre gobernantes y ciudadanos (crisis de representatividad, gobernabilidad y, sobre todo, credibilidad[12]); por otro, crisis económica y social, que se traduce en una mayor desigualdad en el reparto de la riqueza y en oportunidades, en el menosprecio y pauperización de los derechos sociales, lo que conlleva un empobrecimiento general de muchos ciudadanos, que se ven sin posibilidades, no ya de prosperar, sino de por lo menos mantener su status. Como sostiene Calogero Pizzolo: «Precisamente allí donde la pobreza manda, es donde la demagogia populista se desarrolla: quien lo tiene todo para perder se ve empujado la mayoría de las veces a arrojarse a los brazos de grandes salvadores, los nuevos revolucionarios, que resucitan el pasado prometiendo la bonanza para el futuro, olvidándose pronto de las necesidades presentes»[13].

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[1] Esta es la conocida postura de Fernando Savater, expuesta en cantidad de ocasiones (conferencias, entrevistas…). Carlos Martínez Gorriarán, profesor de Estética y Teoría de las Artes y diputado por UPyD, ha escrito con agudeza que «el populismo es algo así como la silicosis de la democracia, una enfermedad degenerativa surgida de la mala política y el resentimiento social que cunde en época de crisis», en su artículo El populismo, una vieja amenaza para Europa, en su blog.

[2] Sin ir más lejos, es el caso de los totalitarismos fascistas y comunistas del siglo XX, aunque sí que es cierto que, en muchos casos, este tipo de totalitarismos surgieron de regímenes democráticos que arrostraban profundas crisis.

[3] Gustavo Bueno, Notas sobre el concepto de populismo, en El Catoblepas, nº 53, julio 2006. También puede consultarse en el siguiente enlace http://www.nodulo.org/ec/2006/n053p02.htm.

[4] Publicado en El País, el 11 de noviembre de 2014.

[5] Citado Álvarez Junco, Virtudes y peligros del populismo. En esta concepción del pueblo el populismo engarza con el nacionalismo, ideología que destaca por su carácter reaccionario.

[6] Ídem.

[7] Carlos Martínez Gorriarán saca a relucir la «vacuidad del populismo», lo que permite a estos movimientos condensar en sus discursos y programas medidas tanto de «derecha» como de «izquierda»: nacionalismo económico (euroescepticismo), anticapitalismo (autarquía, medidas bolivarianas), etc. Ver El populismo, una vieja amenaza para Europa.

[8]Citado Biblioteca Luis Ángel Arango,

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli23.htm.

[9] Citado Álvarez Junco, Virtudes y peligros del populismo.

[10] Jacques Rupnik sostiene que los movimientos populistas «dicen ser la verdadera voz del pueblo». Ver El retorno del post-comunismo.

[11] «Por lo general, el populismo nace de un líder carismático que es percibido como parte del pueblo, y que como parte de éste, entiende sus problemas y dificultades. Usualmente, los líderes populistas explotan el sentimiento de opresión de las masas y las injusticias sociales para movilizar tanta gente puedan, muchas veces en contra de los intereses de las elites sociales o políticas» Citado Biblioteca Luis Ángel Arango.

[12] Ver Calogero Pizzolo, Populismo y rupturas constitucionales. Los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en Estudios Constitucionales, año 5, nº 1, 2007, páginas 371-394, «El populismo se está desarrollando en sociedades insertadas en sistemas políticos debilitados por crisis de representatividad y gobernabilidad que se han convertido en una constante», citado página 375. En el mismo sentido, Álvarez Junco: «todos los populismos prosperan en un contexto institucional muy deteriorado, en el que los partidos tradicionales y los cauces legales de participación política, por corrupción o por falta de representatividad, están desprestigiados hasta niveles escandalosos», citado Virtudes y peligros del populismo. En España todavía no hemos sufrido una crisis de gobernabilidad (el futuro ya dirá), pero la crisis de credibilidad (esto es de mi cosecha) es indudable. Ningún ciudadano piensa que el gobernante actúa a favor de los intereses de todos los ciudadanos, sino que persigue su propio beneficio.

[13] Citado Calogero Pizzolo, Populismos y ruptura constitucional…, página 393. 

Breves notas sobre el neoconstitucionalismo

Actualmente, casi todos los sistemas jurídicos presentan o están dotados de una norma fundamental llamada Constitución. Dicha norma jurídica, que se sitúa en la cúspide del ordenamiento, tiene como cometido principal regular la estructura básica de la organización política junto con los llamados derechos fundamentales, propios de cada ciudadano, que, además, se encuentran fuertemente garantizados por vía jurisdiccional frente a cualquier conculcación, incluida la de los poderes públicos. Aunque, bien es cierto, no siempre ha sido así. Este modelo de Constitución, que es el presente en España, en realidad es el resultado de la confluencia de dos tradiciones constitucionales que, en un primer momento, caminaron separadas: a saber, la, digamos, tradición norteamericana, que postula una constitución parca en derechos pero firmemente protegida por vía judicial; y, por otro lado, la tradición europea, que sigue el camino inverso: constituciones densas en contenido normativo pero «huérfanas» de protección[i]. Ambas tendencias han dado lugar a que la Constitución se contemple como una auténtica norma jurídica[ii], como genuina fuente de derechos y obligaciones para todos los sujetos, públicos y privados (esto es, una norma con un denso contenido material), y, en consecuencia, como una norma cuya vigencia y supremacía debe ser vigilada por algún mecanismo, preferentemente judicial.

Openclips. Juez. Dominio Público.

De este modelo de Constitución ha surgido un fenómeno político y jurídico denominado constitucionalismo contemporáneo. Ni que decir tiene que este constitucionalismo no ha sido el único que se ha dado en la Historia[iii], pero, para lo que aquí nos interesa, se trata del modelo de teoría del Derecho[iv] ligado a la experiencia estatal de nuestro tiempo: el Estado Constitucional Contemporáneo. No pretendo enlazar ningún tipo de razonamiento circular, por lo que, seguidamente, esbozaré unas breves notas sobre este constitucionalismo y sobre el tipo de Estado que le sirve de referencia. Así, el profesor Francisco Laporta destaca como esta «concepción política y ética» bautizada con el nombre de constitucionalismo incorpora lo que él llama «dos grandes ideas-fuerza»[v], a saber:

Derecho decisorio (III): Conclusiones

Conclusiones.

En primer lugar, presento un pequeño bosquejo de lo que sería, a la luz del ordenamiento jurídico vigente, el «derecho a decidir» en España:

1)    Artículo 1.1 de la Constitución (CE): «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

Artículo 1.2 de la CE: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado».

2)    Artículo 6 CE: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política».

3)    Artículo 23.1 CE: «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». Los artículos 68 y 69 establecen que los miembros del Congreso y el Senado serán elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En este sentido, hay que tener en cuenta la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.

4)    Artículo 92.1 CE: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Desarrollando esta materia tenemos la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.

5)    Artículo 149.1.32º), que dispone como competencia exclusiva del Estado la «Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum». El artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/1980 establece que «La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades, es competencia exclusiva del Estado».

Luego si en España tenemos un derecho a decidir, que no es más que otra manera de decir libertad de elección ─o libertad, a secas─, es un derecho que, obviamente, pertenece a todos los ciudadanos españoles[1], sin excepción y sin que este derecho quede condicionado a que se viva en cierto lugar, se hable cierta lengua o se tengan tales o cuales creencias o costumbres. La libertad de elección es del ciudadano de carne y hueso, al igual que el resto de derechos fundamentales y libertades públicas, y no de las comunidades autónomas o regiones (y mucho menos de los idílicos «pueblos» o «naciones»), cuyas competencias y atribuciones constitucionales o legales deben estar al servicio del ciudadano y de sus derechos, y no a la inversa. Esto es una obviedad. Desde luego, en esta libertad del ciudadano se incluyen las consultas o refrendos sobre cuestiones políticas de relevancia[2], autorizadas siempre por el Estado dentro del marco constitucional y legal[3]. Una consulta que afecte a los límites territoriales de España, y a los derechos y deberes de los ciudadanos españoles, como lo es la planteada por los partidarios del derecho a decidir, es, por su propia lógica, una consulta que debería someterse, en el hipotético caso de celebrarse, al escrutinio de todos los ciudadanos del Estado. Ni más ni menos. Todo intento de limitar el número de ciudadanos que puedan tomar esa decisión, permitiendo que se vote en una región aislando al resto del país, es un torpedo en la línea de flotación de nuestra democracia y del ordenamiento jurídico que le sirve de base; un irresponsable intento de saltarse «a la torera» todas las normas que asientan nuestra democracia, en una populista reivindicación de la «voluntad del pueblo», que no es otra cosa que la voluntad de unos cuantos espabilados.

Nemo. España. Dominio Público.

Porque, no hay que engañarse, todo el embrollo del derecho a decidir no es más que una maniobra política del nacionalismo secesionista o independentista (ahora llamado también «soberanista») para lograr sus objetivos: tener más privilegios y prebendas que el resto de ciudadanos del país, sea en forma de independencia, mayor financiación o más competencias; resumiendo, más poder. Cualquiera de estas cosas les vale. Para ello no se duda en utilizar todas las artimañas a su alcance, siendo la primera de ellas la creación de una identidad colectiva singular que les diferencia de todos los demás ciudadanos, y que justifica políticamente su mayor preponderancia en derechos y en capacidad política. Una identidad insultada, ultrajada, aplastada, por el Estado desde el pasado más remoto, y que de recuperarse mediante la consulta aportará remedios milagrosos a los malsanos problemas actuales: salida de la crisis económica, disminución del paro, fin de la corrupción política, mayor riqueza personal, altas cotas de felicidad, etc. En realidad, una peligrosa ficción que está trayendo graves problemas de convivencia entre los que se amoldan a la identidad colectiva (los nativos) y los que quieren, dentro de las posibilidades del ordenamiento jurídico, ejercer su derecho a ser de otra manera, a seguir siendo ciudadanos[4]. Se trata, cómo no, de una nueva puesta a punto del discurso del odio, del victimismo, de la exaltación y deformación de los sentimientos de pertenencia, de echarle la culpa a los de fuera de los males propios, argumentos tan típicos del nacionalismo; una vez más, de la separación y confrontación entre «los nuestros» (los de aquí, los de siempre, los buenos) y «los otros» (los que amenazan nuestra «esencia de pueblo»).

Todo esto, además, envuelto con un discurso político chabacano y demagógico, en el que unos pocos abanderan y representan lo que piensa y siente el pueblo en su conjunto, sentimiento que, por supuesto, está y estará siempre por encima de lo que diga la legalidad democrática (ordenamiento jurídico), que se ve no ya como una imposición sino como una invasión. Aquí resuenan las palabras de Aristóteles en relación con los demagogos: «Ellos son los responsables de que prevalezcan los decretos y no las leyes, llevándolo todo ante el pueblo, pues se engrandecen porque el pueblo controla todos los asuntos y ellos la opinión del pueblo, ya que el pueblo les obedece»[5]. Esta situación en la que la ley no gobierna, no manda, sino los demagogos con sus decretos, que proclaman aquellas cosas que el pueblo quiere escuchar, aunque sean desastrosas para todos, se traduce en una situación caótica, desastrosa. «Pues donde no gobiernan las leyes, no hay sistema; ya que es preciso que la ley gobierne todo…»[6]; esto es, sin ley no hay democracia ni sistema político alguno, sino, como se dice coloquialmente, la «ley de la selva». Lo que puede agravarse todavía más con el empleo viciado del referéndum tipo plebiscito para la toma de decisiones políticas, puesto que estas consultas son, como apunta Eduardo Espín, «los refrendos más fácilmente orientables por la propaganda o por sentimientos poco racionalizables»[7]; dicho de otro modo, la carne más jugosa donde el demagogo hinca el diente para saltarse la ley, convertir la democracia en una farsa y conseguir su premio: obtener más poder a costa de todos los demás y, de paso, lograr la impunidad para sus frecuentes corruptelas.

De modo que es totalmente rechazable el derecho a decidir que se quiere hacer del dominio común desde algunos discursos (nacionalistas y no nacionalistas), pasándolo por más democrático que la democracia misma; la situación es más bien la contraria: es una amenaza para nuestra democracia. Igualmente, es rechazable el discurso de las identidades colectivas prepolíticas como base de los derechos y deberes del ciudadano, que sirve de fundamento al derecho a decidir, por lo que tiene de excluyente y de ruptura de la igualdad. Todos (los ciudadanos) hemos nacido en algún sitio, vivimos en algún pueblo o ciudad, hablamos una lengua, tenemos nuestros antepasados, familiares, amigos, y compartimos unas tradiciones o disfrutamos de unas aficiones (tenemos las personas muchas identidades), pero no es sobre estos rasgos sobre los que forjamos nuestro estatus jurídico y político, sino sobre la ciudadanía basada en la participación de todos y en la aceptación de un derecho común e igual para todos, que diría Cicerón. De ahí surge el derecho de todos los ciudadanos a forjarse una o muchas identidades, esto es, la pluralidad, respetando ese derecho común (legalidad democrática); derecho que, como se ha visto, no pertenece a ninguna región o territorio. Como se puede comprobar, el camino es el contrario al que nos indican los defensores del derecho a decidir. Por eso quiero acabar esta entrada con unas palabras de Luigi Ferrajoli, que me parecen muy lúcidas:

«… Es también cierto que la efectividad de cualquier Constitución supone un mínimo de homogeneidad cultural y prepolítica. Pero es todavía más cierto lo contrario: que es sobre la igualdad en los derechos, como garantía de la tutela de todas las diferencias de identidad personal y de la reducción de las desigualdades materiales, como maduran la percepción de los otros como iguales y, por ello, el sentido común de pertenencia y la identidad colectiva de una comunidad política. Se puede, más aun, afirmar que la igualdad y la garantía de los derechos son condiciones no sólo necesarias, sino también suficientes para la formación de la única «identidad colectiva» que vale la pena perseguir: la que se funda en el respeto recíproco, antes que en la recíprocas exclusiones e intolerancias generadas por las identidades étnicas, nacionales, religiosas o lingüísticas»[8].

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[1] Fernando Savater escribe sobre este punto «que los ciudadanos reivindiquen en democracia el derecho a decidir es como si los peces reclamasen airadamente el derecho a nadar. Todos lo tenemos y basamos nuestra ciudadanía en él, aunque sometidos a las leyes que son precisamente el primer resultado de nuestras decisiones colectivas. El derecho a decidir pertenece al ciudadano, que lo es del Estado y no de una de sus regiones o territorios». ¿Ciudadanos o nativos?

[2] El profesor Espín define referéndum como «votación popular sobre la aprobación o abrogación de un texto normativo o sobre cualquier decisión política». El segundo tipo es el que se conoce como plebiscito, que es el contemplado en el artículo 92 de la Constitución, cuyas características son su carácter discrecional (no preceptivo) y consultivo (no vinculante). Ver Lecciones de derecho político, páginas 55-59, citado p. 55.

[3] Así, Eduardo Espín señala que en España son posibles las consultas al electorado en ámbitos territoriales más reducidos, como el regional o local, con la autorización del Estado, que ostenta la competencia exclusiva en esta materia. Ver Lecciones de derecho político, página 57.

[4] En la pasada Diada del 11 de septiembre, el político Albert Rivera, de Ciutadans, que participaba en un programa televisivo, celebrado en plena Plaza de Cataluña, tuvo que sufrir las increpaciones e insultos de muchos viandantes concentrados por la independencia. Entre otras cosas le llamaron «español», como si fuera un insulto (ver vídeo). Ese es el clima de confrontación y enfrentamiento que está fraguando el nacionalismo excluyente de corte secesionista.

[5] Aristóteles, Política, libro IV, 4, 1292a. Edición de Alianza Editorial, Madrid, 1998, introducción, traducción y notas de Carlos García Gual y Aurelio Pérez Jiménez.

[6] Idem, libro IV, 4, 1292a.

[7] Ver Lecciones de derecho político, citado página 58. El profesor Espín apunta a tres factores que favorecen la manipulación de los plebiscitos: 1) influencia de los medios de comunicación y de su propaganda; 2) tendencia sociológica a apoyar las propuestas de la autoridad; y 3) posibilidad de vincular la consulta con sentimientos o emociones del electorado.

[8] Luigi Ferrajoli, Pasado y futuro del Estado de derecho, traducción de Pilar Allegue, en Neoconstitucionalismo(s), Trotta, Madrid, segunda edición, 2005, edición de Miguel Carbonell, páginas 13-29, citado página 29.